La comunidad jurídica argentina ha encendido las alarmas ante un proyecto de ley, presentado en mayo en el Congreso por la diputada Marcela Pagano, que busca desregular el ejercicio de la abogacía. Desde el Colegio de Abogados de San Rafael, la abogada Cecilia Martínez, referente de la institución, manifestó la profunda preocupación del sector y la firme oposición a esta iniciativa, que consideran un ataque a un rol esencial para la profesión y la ciudadanía.
En diálogo con FM Vos 94.5, explicó que los colegios de abogados de todo el país han levantado la voz, enfatizando que cumplen un rol esencial al ejercer funciones públicas mediante normas claras, ser garantía de idoneidad profesional y constituir un primer punto de contención y orientación para los jóvenes letrados.
«Los colegios de abogados son un faro de defensa para todos al velar por la ética y la idoneidad profesional, lo que se traduce en una protección directa para la ciudadanía», aseguró Martínez.
«El proyecto de desregulación busca, en esencia, la abolición de los colegios profesionales, argumentando que su función es meramente económica debido al cobro de una cuota mensual. Esta visión es totalmente errónea. Como dije recién, la colegiación es una protección no solo para los profesionales del derecho, sino también para la ciudadanía», recalcó.

La importancia
de la colegiación:
garantía de calidad
y acceso a la Justicia
La principal función del Colegio de Abogados, según Martínez, es matricular a los profesionales, lo que implica una serie de requisitos formales como la presentación del título habilitante, certificado de antecedentes penales y la realización de un curso de ética profesional.
«Este proceso inicial garantiza la calidad institucional y el acceso a una Justicia confiable y con garantía. La desregulación podría tener como consecuencia que personas sin el título habilitante asesoren legalmente, dejando a la ciudadanía desprotegida ante un mal asesoramiento en temas tan sensibles como un divorcio o una sucesión», advirtió.
«Prácticamente el 100% de los abogados en ejercicio activo están matriculados en sus respectivos colegios, salvo aquellos que trabajan en el Poder Judicial o en funciones que no implican el ejercicio liberal de la profesión. Es esencial el rol de los colegios en el Consejo de la Magistratura, donde participan en la selección de jueces y funcionarios judiciales, emitiendo certificados de buena conducta e idoneidad», destacó.
Ante lo expuesto, Martínez confía en que el proyecto no contará con el apoyo necesario en el Congreso de la Nación, pero consideró fundamental comunicar públicamente el desacuerdo de los colegios de abogados. Remarcó que la colegiación es un compromiso con la defensa de los derechos y asegura la calidad institucional en el ejercicio de la abogacía.

Desmintiendo
la visión economicista
y defendiendo
un rol social
Frente al argumento de que la cuota mensual de la colegiatura encarece el acceso a la justicia, la entrevistada desestimó esta afirmación. Explicó que el aporte del colegio en un juicio es mínimo, representando un porcentaje ínfimo de la tasa de justicia y muy inferior a otros gastos.
«Este aporte es un fondo fijo que le permite a los colegios cumplir con su función esencial de capacitación, práctica profesional y asistencia a la comunidad», fundamentó.
«Los colegios ofrecen un listado de abogados que brindan asesoramiento gratuito a personas de bajos recursos. Además, participan en dictámenes sobre temas de interés público, como el medioambiente o reformas legales, actuando como un apéndice privado de la Justicia. Las funciones en el colegio son ad honore, lo que refuta la idea de una corporación que sostiene sueldos», expuso la letrada.
Luego comentó que, a nivel nacional, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) agrupa a todas las instituciones provinciales, constituyendo un frente fuerte en la defensa de la profesión. Respecto a la actuación territorial, Martínez aclaró que la matrícula es provincial, lo que significa que un abogado matriculado en Mendoza puede litigar en toda la provincia. Quienes deseen litigar en la justicia federal, deben contar con la matrícula federal.
Finalmente, la abogada ejemplificó la interacción entre jurisdicciones. «Un abogado de San Rafael puede gestionar un divorcio local, pero si la inscripción del matrimonio se realizó en Buenos Aires, se requiere un colega matriculado de allí para completar el trámite. El proyecto de desregulación no especifica si permitiera la actuación de abogados en cualquier jurisdicción, un punto que, debería ser considerado si se busca mejorar el proyecto. No obstante, con la formulación actual que plantea la desaparición de los colegios, lo veo poco viable», cerró.

La entrada Los Colegios de Abogados muestran una fuerte oposición al proyecto de desregulación que afectaría su existencia se publicó primero en Diario San Rafael.