Tras el veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en discapacidad, las ONG que representan a estas personas no ven soluciones que puedan ayudar a revertir la crisis económica y social que vive esta población. El panorama, afirman, es acuciante. Entre las principales preocupaciones está el riesgo de que se interrumpan tratamientos y prestaciones por la falta de actualización de los aranceles que cobran quienes ofrecen esos servicios.
En ese contexto, Paola Pedroza, directora de THADI y representante de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos, advirtió que la situación, que viene desde hace tiempo, se ha profundizado drásticamente en el último año y medio, llevando a instituciones al borde del cierre.
Como ejemplo, Pedroza mencionó que la institución THADI, con 82 años de trayectoria, tuvo que suspender su servicio de transporte, una decisión que impacta directamente en la posibilidad de muchos usuarios de acceder a la prestación. «Esta es la última instancia antes del cierre definitivo de la institución. Las primeras medidas de ajuste, como la reducción en la calidad de la comida, las salidas recreativas y los materiales, ya han sido tomadas. Se va recortando los servicios de a poco, hasta llegar a medidas más drásticas. Sin transporte prácticamente no hay prestación», expresó a FM Vos 94.5.
El veto presidencial y la sensibilidad de los legisladores
En este contexto, la asociación apela a los legisladores para que rechacen el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pedroza fue enfática al afirmar que la decisión de vetar la ley es puramente política y humana, no técnica. «El argumento de desequilibrio fiscal es falso, ya que la Comisión de Presupuesto del Congreso demostró que la ley representa solo el 0,03% del PBI», argumentó.
«El veto a esta ley, que venía a reforzar una normativa ya existente pero incumplida, es un golpe directo a la vida de miles de familias. La preocupación se acentúa en Mendoza, donde el propio gobernador ha pedido a los legisladores provinciales que acompañen el veto», declaró.
«Esto pone en riesgo los votos de los diputados que en una primera instancia apoyaron la ley, en un contexto político de alianzas que podría perjudicar la necesidad de lograr los dos tercios para rechazar la medida presidencial», agregó.
Un futuro incierto y posible provincialización
Ante la posibilidad de que el veto no sea rechazado en el Congreso, el futuro de las instituciones es totalmente incierto. Pedroza advirtió que el cierre de los prestadores privados no solo afectaría a las familias, sino que también generaría un vacío de atención a nivel nacional. «Cuando una situación es generalizada, las familias no tienen a dónde ir, y la solución de buscar otro prestador simplemente no es viable», comentó.
La directora de THADI señaló que una posible salida a esta crisis sería la provincialización de los servicios. «Esta es una posibilidad que aún no ha sido confirmada por el gobierno provincial. En una reunión con el ministro de Salud de Mendoza, sí se logró un aumento transitorio para las prestaciones de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), que pasará a pagar el 100% transitoriamente de la tarifa nacional. Sin embargo, este aumento solo se verá reflejados meses después y no soluciona la problemática general, que requiere una solución de fondo por parte del gobierno nacional», aseguró.
La entrada Discapacidad en alerta: «La situación es crítica y la Ley de Emergencia es una decisión política, no económica» se publicó primero en Diario San Rafael.