La eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue aprobada con una mayoría absoluta de 43 votos en el Senado nacional. El oficialismo, sectores dialoguistas y parte del kirchnerismo que votó dividido permitieron que la iniciativa se convirtiera en ley.
La medida responde a la intención del gobierno de modificar el sistema electoral y fue justificada, entre otros puntos, por el alto costo que implicaban estos comicios para el Estado. Para conocer más sobre el impacto de esta decisión, Diario San Rafael y FM Vos 94.5 dialogaron con Eduardo Repillosa, director general de la ONG Transparencia Electoral.
“Nosotros venimos siguiendo las reformas que se han implementado en los últimos años, y la verdad es que han sido muchas. Desde la aprobación de la boleta única de papel, hasta el avance de la ley de Ficha Limpia y la implementación del voto por correo postal para residentes en el extranjero”, detalló Repillosa.
Sobre la suspensión de las PASO, consideró que “siempre es importante contar con una instancia de democracia interpartidaria, que permita la competencia dentro de los partidos políticos de la manera más transparente posible”. Sin embargo, señaló que “el problema de las PASO radica en que, al permitir la presentación de listas únicas, muchas veces se transforman en una gran encuesta financiada por el Estado”.
Desde el gobierno nacional argumentaron que la organización de las PASO implicaba un gasto de aproximadamente 150 millones de dólares, y que el mecanismo no cumplía con su propósito original. “Claro que tiene un costo económico, pero invertir en elecciones es invertir en democracia”, afirmó Repillosa. “El problema es que, tal como están planteadas hoy en día, generan una hiperfragmentación de la oferta electoral y permiten el mal uso de recursos públicos”.
En ese sentido, explicó que en varias oportunidades “se han creado partidos políticos con el único fin de captar fondos públicos para impresión de boletas, cuando en algunos casos ese dinero terminó destinado a campañas políticas”. Y agregó: “La Cámara Nacional Electoral ha detectado recientemente un caso en el que una organización política utilizó esos fondos para otros fines, lo que demuestra la fragilidad del sistema”.
Por otro lado, el especialista se refirió a las críticas sobre el derecho al voto de ciertos sectores de la sociedad. “Hay quienes sostienen que deberían excluirse del padrón a personas privadas de su libertad o a quienes reciben asistencia social, pero nosotros no consideramos que estos sean motivos para restringir derechos”. Explicó que en Argentina, al igual que en otros países, los presos sin condena firme pueden votar, y que “en el caso de quienes reciben asistencia, si bien puede interpretarse que hay un intento de captación del voto, es muy difícil diferenciar quiénes realmente necesitan esa ayuda de quienes la obtienen con otros fines”.
Finalmente, se refirió a la ley de Ficha Limpia, que impide la postulación de candidatos condenados por delitos de corrupción y otros crímenes graves. “Nosotros creemos que una persona que ha sido condenada por malversación de fondos públicos no debería poder volver a postularse. En algunos distritos se han sumado delitos como abuso sexual, y eso también es importante. Pero lo esencial es definir con claridad en qué instancia judicial se aplica la prohibición”, sostuvo Repillosa. “Es un debate necesario para la transparencia del sistema”, concluyó.
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