El contador Marcelo Olea realizó un detallado análisis del nuevo anuncio del Gobierno nacional que busca “blanquear” el uso de dólares no declarados sin necesidad de justificar su origen. Según explicó, la iniciativa apunta a motorizar la economía a través del uso de los ahorros en divisa estadounidense, pero presenta fuertes obstáculos jurídicos y una notoria falta de definiciones normativas.
“Esto choca en muchos aspectos de la legislación vigente, ¿no? Esto de tener o de poder usar dólares sin tener que declarar el origen de los fondos”, comenzó señalando a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Olea, quien recordó que el anuncio se vincula con la intención de seducir a los ahorristas que conservan sus dólares como resguardo de valor. “La idea encaja con una regla básica de la economía virtuosa. Si esos dólares se vuelcan al sistema, generando mayor inversión privada y empleo genuino, es lógico que la economía se motorice y aumente la oferta general de bienes y servicios”, planteó.
Sin embargo, aclaró que el problema principal no está en la lógica económica, sino en la legalidad de su implementación. “Lo que está en duda es el sustento jurídico como medida para implementar este anuncio”, afirmó, y añadió que el fracaso parcial del blanqueo vigente establecido en la Ley 27.743 –cuyo plazo inicial venció el 7 de mayo y puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo hasta el 31 de julio– habría motivado esta nueva estrategia.
“Los 22.500 millones de dólares que fueron blanqueados en dinero no fueron suficientes en sí mismos para el fin que se esperaba”, dijo, y agregó que “existen muchos dólares más que no fueron declarados dentro del blanqueo y que podrían rondar, según una cuenta rudimentaria que hice, entre 400 y 500 mil millones”.
Además, mencionó que muchos de esos fondos podrían haberse destinado a la compra de criptoactivos u otros instrumentos de inversión, y que una parte importante, estimada en unos 200 mil millones de dólares, estaría conservada en efectivo dentro del país. “Es un número importante y que eventualmente fueron, probablemente, usados para adquirir otros activos financieros, como pueden ser los criptoactivos”, indicó.
Otro elemento que complejiza el escenario es que la prórroga que podría dictar el Ejecutivo no incluye la primera etapa del blanqueo, correspondiente al efectivo. “Por lo tanto, vos te quedás sin una norma jurídica legal vigente para blanquear el efectivo”, explicó Olea, y añadió que “se anuncia que se está trabajando en las medidas jurídicas para poder implementar esta medida económica”.
En este contexto, el contador remarcó que no es viable avanzar sin el respaldo de una ley. “¿Se puede implementar el blanqueo del dinero sin una ley del Congreso? La respuesta es que no”, dijo con firmeza. Además, descartó la posibilidad de avanzar mediante un decreto de necesidad y urgencia. “La misma Constitución prohíbe la utilización de decretos de necesidad y urgencia cuando se trate de normas que regulen la materia penal o el tema tributario”, argumentó.
Frente a esta imposibilidad legal, Marcelo Olea se preguntó si no se estaría evaluando un relajamiento de los controles por parte de organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “¿Será que los controles del organismo recaudador se van a relajar en un intento de permitir que los ciudadanos se animen a comprar bienes, invertir dinero no declarado y sea esta una forma administrativa de permitir un pseudo blanqueo?”, se interrogó. Y advirtió que “el cumplimiento de la norma pasa a ser algo relativo”.
Una de las herramientas alternativas que barajó es la figura de la “presentación espontánea”, prevista en el artículo 113 de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario. Esta figura permitiría la regularización de situaciones fiscales irregulares sin necesidad de una ley, aunque con características muy diferentes a las de un blanqueo formal.
“Si la medida va a salir por decreto, permite regularizar situaciones fiscales irregulares con un alcance, requisitos y beneficios distintos a lo que puede llegar a establecerse por una ley de blanqueo”, detalló. A diferencia del blanqueo por ley, que puede aplicarse incluso cuando hay inspecciones iniciadas y contempla la condonación del capital del impuesto, la presentación espontánea no perdona el capital adeudado.
“El incentivo está en la eximición total o parcial de intereses, multas y accesorios de parte de la presentación espontánea, pero no del capital por los impuestos adeudados”, explicó. Y agregó que “en la historia, si uno recorre hacia atrás, se dictó el decreto número 93 del año 2000”, que fue un antecedente de este tipo de mecanismos. “Fue un decreto de presentación espontánea con estas características, en donde se condonaban intereses, sanciones, pero no se condonaba el capital adeudado”, indicó.
Por último, Olea alertó que “va a haber que trabajar muy bien en el blindaje de la parte penal”, dado que podría haber consecuencias para quienes utilicen esta herramienta sin una cobertura legal adecuada. Y mencionó que, como en el caso del decreto 93/2000, la medida podría incluir un plan de facilidades de pago, ya que “si no hay condonación del capital del impuesto, la norma debe prever alguna forma de pago escalonado o diferido”.
En definitiva, aunque el anuncio oficial apunta a dinamizar la economía mediante la inclusión de dólares no declarados, el camino legal para su implementación es, por ahora, incierto y genera más dudas que certezas.

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