Meses atrás, un estudio jurídico de Mendoza presentó una solicitud ante la Justicia Federal para iniciar un Juicio por la Verdad, con el objetivo de esclarecer la presunta apropiación de un bebé en el Hospital Lagomaggiore en 1986 y determinar las responsabilidades.
Ante ello, trascendió que un fiscal federal requirió esta semana la apertura formal de la investigación penal.
En diálogo con FM Vos 94.5, el abogado Carlos Varela Álvarez confirmó la noticia y aseguró que se trata de un hecho histórico para la Justicia de la provincia. «La causa se inicia a partir de la denuncia de una mujer que, hace 38 años, dio a luz en el hospital y nunca recibió a su hijo, ni vivo ni muerto», explicó.
Varela Álvarez contextualizó que la sospecha sobre estos casos no es nueva. «Durante años, medios de comunicación y grupos de buscadores de identidad han reportado situaciones similares. A pesar de que muchas denuncias fueron presentadas en la Justicia provincial, no prosperaron por la falta de un imputado concreto. La reciente investigación federal, impulsada por el dictamen del fiscal Fernando Alcaraz, es la primera de su tipo en la provincia y podría abrir una puerta para que otras víctimas encuentren justicia», destacó.
Luego, remarcó que el caso de la mujer denunciante es un ejemplo de la lucha solitaria y el calvario que han vivido las víctimas. «A pesar de haber intentado una búsqueda por su cuenta durante años, sin respuestas y con un gran impacto personal y familiar, decidió acudir a la justicia como último recurso. La falta de denuncias inmediatas es común en este tipo de casos, ya que son experiencias traumáticas y delicadas», aseguró el letrado.
La investigación se enfrenta a enormes desafíos, no solo por el paso del tiempo, sino también por la falta de documentación. En ese sentido, Varela Álvarez reveló que en 2006 se denunció penalmente la quema de historias clínicas en el hospital, lo que complica aún más el acceso a información vital. «Debido a esto, la investigación se enmarca en un Juicio por la Verdad, donde el estándar de la prueba es más flexible y se prioriza la reconstrucción de los hechos a partir de testimonios», observó.
El abogado señaló que, aunque no hay una cifra exacta de casos, la investigación que realizaron para la denuncia les permitió constatar la existencia de al menos más de 100 expedientes de denuncias similares en la Justicia provincial. «La mayoría de los casos involucran a personas que buscan su identidad o a padres que quieren saber qué pasó con sus hijos», manifestó.
Para finalizar, Varela Álvarez indicó que la Justicia Federal ha ordenado una serie de medidas, como la toma de testimonios e inspecciones. «La denunciante deberá ratificar su declaración. Se espera que otras personas que hayan sufrido situaciones similares también sean citadas, en un esfuerzo por esclarecer lo que sucedió en ese período y dar una respuesta a las familias que llevan décadas buscando la verdad», concluyó.

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